divendres, 19 d’octubre de 2012

Pedro J. vol reformar la Constitució i retornar a les nacionalitats històriques

Llegint El Mundo amb una certa freqüència es fa difícil de creure que el seu director, Pedro J. Ramírez, el diumenge passat plantegès a la seva carta setmanal la conveniència de reformar la Constitució (fins i tot acceptant algunes de les propostes reformadores presentades pel PSC). Però ho va fer.

Ben mirat i amb tots els matiços que s'hi vulguin fer, el que el polèmic periodista plantejava era una mena de come back constitucional.

Ho feia sense fer servir els termes nacionalitats i regions que figuren a la Constitució i que, en un principi, marcaven una clara assimetria de competències entre Euskadi, Catalunya i Galicia --les conegudes com nacionalitats històriques-- i les altres comunitats, descrites com les regions. El que plantejava Pedro J. Ramírez,  sense massa subterfugis, és una recentraltzació de l'Estat amb una disminució de facto de les competències de les regions (que es regien per l'article l43 de la Carta Magna) mentre que les tres nacionalitats tindrian un tractament clarament diferenciat.

Aquest es el fragment de l'article que fa referència a aquesta possible reforma constitucional:


"El jefe del Gobierno ha dicho que el proyecto independentista de Mas es «un torpedo en la línea de flotación del bienestar» y su ministro de Justicia ha llegado a alegar que la propia España sería incapaz de mantenerse en el euro si Cataluña la abandonara. O sea que va a ser que no. Sólo puede ser que no. Cualquier iniciativa soberanista que venga de los parlamentos catalán o vasco tendrá que ser rechazada por el Congreso con la misma contundencia que lo fue el plan Ibarretxe; y todos los medios legales -todos- deberán ser empleados si quienes acaban de tachar al ministro Wert de «preconstitucional» se declaran unilateralmente «postconstitucionales», como detalló anteayer Mas.
Pero es evidente que la democracia española no puede limitarse a decir una y otra vez que «no» sin cambiar las circunstancias que han hecho crecer el independentismo catalán y vasco, pues podría terminar ocurriendo que sucesivas elecciones elevaran la mayoría actual en pro de la autodeterminación hasta un 70% o un 80% que, consolidado en el tiempo, haría moralmente insostenible la aplicación de los preceptos legales.
Urge salir al encuentro del problema y no existe otro instrumento -si alguien lo conoce que lo diga- sino iniciar un proceso de reforma constitucional que sirva a la vez para reforzar los poderes del Estado, reducir el coste del modelo territorial y diferenciar a Cataluña, el País Vasco y Galicia del resto de las autonomías o regiones. Si el PP y el PSOE se ponen de acuerdo y la UE hace ver a los nacionalistas que fuera de los actuales Estados miembros no hay salvación, debería ser posible acometer una negociación seria y realista con partidos como CiU y PNV.
En esa negociación estarían sobre la mesa la financiación y las selecciones deportivas pero también la enseñanza en español y la lealtad institucional. Si la negociación fracasa seguiríamos como hasta ahora, sólo que más cargados de razón, y si tuviera éxito desembocaría en una España unida pero asimétrica, como lo es en realidad. Eso permitiría llevar a referéndum un proyecto de reforma constitucional que obtuviera un apoyo popular parecido al de 1978, zanjando durante varias generaciones la cuestión".
Aunque la solución no sea el federalismo, en la medida en que supondría consagrar de iure la aberración fáctica de los 17 mini Estados actuales -¿para qué diablos necesita la Rioja un parlamento?-, la iniciativa de reforma constitucional que anuncia el PSC bien podría ser el mecanismo de ignición de ese proceso. Mucho más lejanas estaban las posiciones de partida hace 35 años y todos cedieron en pro del pacto. La solución no es aceptar, como propone Rubio Llorente, que los catalanes decidan solos, sino decidir todos los españoles juntos sobre algo que pueda contentar también parcialmente a los catalanes.